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Sector construcción perdería transparencia y competitividad con reforma a la Ley de Obra
El candado en licitaciones públicas podría llevar, incluso, a revisión de cláusulas de los tratados de libre comercio que sostiene México con otros países
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03.04.2025 – 09:00Actualizado: 03.04.2025 – 09:00
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Luego de la aprobación del dictamen de reforma a la Ley de Obras y Servicios Relacionados en la Cámara de Diputados, expertos advierten riesgos de pérdida de transparencia y competitividad en el sector de la construcción que podrían llevar, incluso, a revisión de cláusulas de los tratados de libre comercio que sostiene México con otros países.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca la sustitución del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Compranet), y exenta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cumplir con esta ley.
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De acuerdo con María Teresa Paillés, socia del despacho Pérez-Llorca en el Área Inmobiliaria, explicó que esto abre la posibilidad de que dichas entidades de gobierno lleven a cabo sus obras por medio de asignaciones directas.
“Siempre se habla de transparencia de obra pública, ya que se hacen a base de recursos de los mexicanos, pero la nueva ley da paso a que las entidades públicas, empezando por Pemex y CFE, tengan autorización de desarrollar sus proyectos directamente”, comentó Paillés en entrevista.
Para Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, el dictamen aprobado por los legisladores legítima lo ocurrido en la industria de la construcción desde el sexenio pasado, cuando el Ejército tomó en su poder el desarrollo de obras insignia como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.
Riesgo de sobrecostos
Más allá de un efecto en la producción del sector de la construcción, Forecastim ve en la reforma a la Ley de Obras una afectación en la transparencia y un riesgo de aumento en sobrecostos.
Trejo remarcó que la iniciativa autoriza que, cuando los sobrecostos sean de hasta 49%, no será necesario transparentarlos, lo que tendrá consecuencias en la eficiencia del erario.
“Los proyectos serán designados por el gobierno a quién guste y mande, es decir, la relación público-privada dependerá del ánimo y la voluntad de la administración. Esto afecta la competencia y podría derivar en obras más costosas”, dijo el especialista de Forecastim.
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