MIRA LA RESEÑA DE LA PELÍCULA DEL PRÓXIMO EPISODIO

El informe fantasma de Abogacía del Estado que mancha el arranque de Operación Chamartín

Justo una semana antes de firmarse el acuerdo, Abogacía del Estado respondió por el portal de Transparencia una petición de Grupo Baraka que pone en jaque la venta de Adif a Crea

Por 

Ruth Ugalde

20/12/2024 – 05:00

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Ayer, mientras Adif y Renfe firmaban la venta de los terrenos de Operación Chamartín a Crea, Grupo Baraka acudía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una semana antes, la empresa de Trinitario Casanova había recibido respuesta a la petición que hizo por el Portal de Transparencia, pidiendo a Abogacía del Estado un dictamen de octubre de 2002 donde, supuestamente, defendía que no iban a generarse derechos de reversión. 

Los derechos de reversión son una vieja reclamación de los propietarios originales de los terrenos donde se levanta la estación de Chamartín, a quien el Gobierno expropió para hacer la infraestructura. Al cambiar el uso y vender los terrenos para hacer viviendas, oficinas y comercios, estos antiguos propietarios defienden su derecho a recuperar la propiedad de los terrenos o ser indemnizados con un justiprecio, privilegio que el supuesto dictamen de 2002 negaba. 

“Realizada una búsqueda en los archivos, no nos consta que exista un dictamen de la Abogacía del Estado como el que se expresa en la solicitud”. Esta fue la respuesta del Ministerio de la Presidencia a Baraka, según aparece en la documentación a la que ha tenido acceso este medio. Esta fue la mecha que llevó ayer a Casanova a acudir de nuevo ante los tribunales. 

Baraka lleva tiempo sospechando de dicho dictamen, dudas que basa en que nunca ha sido aportado en las diferentes sedes judiciales donde lo ha pedido ni tampoco aparece como anexo en la modificación del contrato que firmaron Adif, Renfe y Crea en diciembre de 2018, columna vertebral que permitió ayer sellar ante notario la venta de los terrenos.

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Por aquel entonces, José Luis Ábalos era el ministro de Fomento, Isabel Pardo de Vera estaba al frente de Adif, Isaías Táboas era su homólogo en Renfe y Antonio Béjar lideraba la actual Crea. Bajo sus mandatos se firmó la última prórroga, un contrato ahora cercado por la respuesta de Abogacía del Estado, ya que niega que exista uno de los dictámenes sobre los que se dio forma a la venta ya consumada de Operación Chamartín 

Este medio ha intentado contrastar la existencia de dicho dictamen tanto con Adif como con Crea, pero ninguno de los dos ha querido mostrar documento alguno. Portavoces oficiales de ambos se han limitado a señalar que “el informe forma parte del expediente”, sin aportar prueba alguna ni explicar qué quieren decir con “forma parte del expediente”. 

Tampoco desde el Ministerio de Presidencia, bajo el que se engloba Abogacía del Estado, se ha respondido a las llamadas ni mensajes enviados por este medio para aclarar si la respuesta dada a través del portal de Transparencia responde a algún error o cualquier otra explicación.

Desde que el PSOE empezó a diseñar este proyecto, en los años 90, los herederos de los antiguos propietarios han defendido en los tribunales su derecho a recuperar los terrenos o ser indemnizados con un justiprecio. Es lo que se conoce como derecho de reversión y se activa cuando cambia el uso por el que se expropiaron, como ocurre ahora, que van a empezar a construirse viviendas, oficinas y comercios en donde se dijo que irían vías ferroviarias. 

Tanto desde BBVA, entidad que hace 30 años se hizo con la concesión de este desarrollo, como desde Crea, la promotora que creó para ejecutarlo y donde el banco controla el 70% del capital, siempre se ha negado la mayor a los reversionistas. Una lucha de David contra Goliat que parecía condenada al ostracismo hasta que apareció Baraka. 

En estos seis años, el empresario ha recibido tanto victorias como derrotas en los tribunales, una lucha que sigue vive a la espera de resolverse un recurso contencioso-administrativo del TSJM. Además, el pasado abril, el juez acordó la medida cautelar pedida por Baraka consistente en la anotación preventiva, en todas las fincas que reclama el empresario, del recurso contencioso-administrativo que sigue pendiente de resolverse. De este modo, cualquier potencial comprador futuro, queda informado de que todavía está pendiente de dictaminarse la titularidad de los terrenos.