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January 16, 2025
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MIRA LA RESEÑA DE LA PELÍCULA DEL PRÓXIMO EPISODIO

Se disparan las demandas en los juzgados por okupación de viviendas, con Cataluña a la cabeza

En el tercer trimestre llegaron a los juzgados 580 nuevos casos de okupación de viviendas, un 55% más que en verano de 2023. Cataluña es la CCAA con más casos

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Procedimientos judiciales por okupación de viviendas

Freepik

Ana Pérez Alarcos

Ana P. Alarcos

26 Diciembre 2024, 6:01

Los juzgados de toda España siguen recibiendo cientos de casos de okupaciones de viviendas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los nueve primeros meses del año los Juzgados de Primera Instancia han ingresado un total de 1.782 procedimientos de juicios verbales posesorios por ocupaciones ilegales de inmuebles residenciales.

En los tres primeros del año recepcionaron 563 casos, mientras que en primavera el número ascendió a 639 y en verano se quedó en 580 procedimientos. A pesar de que el volumen del tercer trimestre es inferior al de los tres meses anteriores, en términos interanuales la cifra se ha disparado un 55% (en verano de 2023 se contabilizaron 373 casos). 

Las subidas interanuales se han impuesto en la mayoría de las CCAA, con la excepción de Galicia, Asturias, La Rioja y Extremadura, que han registrado descensos; y Canarias, que ha registrado idéntico número de casos que el pasado verano (25). 

En el lado de las subidas, en cambio, se encuentran Cantabria (con un incremento interanual del 500%), Cataluña (173%), Castilla y León (130%) y el País Vasco (112%). Por encima del promedio nacional también están Andalucía (81%), Castilla-La Mancha (79%), Baleares (63%), Comunidad Valenciana (56%) y Navarra, que ha pasado de no tener casos a registrar dos procedimientos. 

  1. Cataluña, la CCAA con más casos
  2. Las okupaciones siguen siendo un problema 
  3. Aprobados los juicios exprés contra algunas okupaciones

Cataluña, la CCAA con más casos

Por volumen de procedimientos judiciales, Cataluña es la protagonista del ranking nacional tanto en el tercer trimestre como en el conjunto del año, con un peso cercano al 20% en ambos casos. 

Según el CGPJ, entre julio y septiembre han llegado a los Juzgados de Primera Instancia catalanes 123 nuevos casos, lo que supone un 21,2% del total nacional (580). Andalucía y la Comunidad Valenciana cierran el ‘top 3’, con más de un centenar de procedimientos ingresados en el tercer trimestre del año. Mientras, la Rioja, Navarra, Extremadura, Asturias y Aragón cierran la lista, con un máximo de cinco nuevos asuntos ingresados en verano. 

Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana suelen ser las habituales en el lado alto de la tabla, aunque no siempre con el mismo orden. En los primeros tres meses del año, por ejemplo, la región valenciana fue la que lideró el ranking, aunque desde entonces el primer puesto lo ocupa su homóloga catalana. 

2024. Verbales posesorios por ocupación ilegal viviendas ingresados en los Juzgados de Primera Instancia

Nº de nuevos procedimientos en cada CCAA por trimestre

CCAA1T 20242T 20243T 2024Acumulado 2024
Andalucía90120116326
Aragón56516
Asturias97521
Baleares24243179
Canarias27412593
Cantabria72615
Castilla y León14282365
Castilla-La Mancha354234111
Cataluña115128123366
Comundad Valenciana127102105334
Extremadura1314229
Galicia17242566
Madrid394950138
Murcia17221049
Navarra4127
País Vasco18271762
La Rioja2215
Total Nacional5636395801.782

Fuente: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)Descargar los datosCreado con Datawrapper

Como consecuencia, Cataluña lidera el ranking nacional en lo que va de año. Entre enero y septiembre, en los juzgados catalanes han entrado 366 procedimientos de juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, lo que representa el 20,5% del total del país.

Las siguientes regiones más destacadas de la lista son Comunidad Valenciana y Andalucía, en las que han llegado a los Juzgados de Primera Instancia 334 y 326 nuevos casos de okupación en los tres primeros trimestres del año, respectivamente, con un peso de más del 18% en cada caso. Entre estas tres CCAA agrupan el 57,6% de los nuevos procedimientos, y sacan varios cuerpos de distancia a las demás.

Prueba de ello es que Madrid es la cuarta comunidad con más asuntos ingresados en los juzgados relacionados con la okupación de viviendas, con 138 procedimientos, el 7,7% del conjunto de España. La quinta es Castilla-La Mancha, con 111 casos en los nueve primeros meses del año, lo que representa el 6,2% del total del país. 

Los juzgados de las demás autonomías han ingresado menos de un centenar de procedimientos de okupaciones entre enero y septiembre, con un peso que va desde el 5,2% de Canarias o al 4,4% de Baleares al testimonial 0,3% de La Rioja. Por debajo del 1% también se encuentran Navarra, Cantabria y Aragón.

2024. Peso de las autonomías sobre el total de procedimientos verbales por ocupación ilegal de viviendas

Peso sobre los procedimientos ingresados en los juzgados entre enero y septiembre

CCAAPeso sobre el total en España
1Cataluña20,5%
2Comunidad Valenciana18,7%
3Andalucía18,3%
4Madrid7,7%
5Castilla-La Mancha6,2%
6Canarias5,2%
7Baleares4,4%
8Galicia3,7%
9Castilla y León3,6%
10País Vasco3,5%
11Murcia2,7%
12Extremadura1,6%
13Asturias1,2%
14Aragón0,9%
15Cantabria0,8%
16Navarra0,4%
17La Rioja0,3%

Descargar los datosCreado con Datawrapper

Las okupaciones siguen siendo un problema 

Los datos del Consejo General del Poder Judicial vienen a confirmar la teoría de los expertos de que las okupaciones de viviendas no están bajando, como apuntan los datos de denuncias que recoge el Ministerio del Interior. En su caso, la estadística más reciente apunta a 15.289 denuncias ante la policía en todo 2023, incluyendo tanto los delitos de allanamiento de morada como la usurpación del derecho de uso de un inmueble, ambos del ámbito penal. 

Mientras, el CGPJ explica su estadística contempla “procedimientos tramitados por los Juzgados de Primera Instancia, que permiten, en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas, a la persona física, que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, a las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”. 

Además del aumento del 55% interanual del tercer trimestre, los 1.782 procedimientos vinculados con la ocupación ilegal de inmuebles residenciales contabilizados entre enero y septiembre están en línea con la registrada en el mismo periodo de 2023 (1.792 casos). 

Y a estos casos habría que sumar aquellos que no se denuncian ni en los juzgados ni en la policía. Según los expertos jurídicos consultados por idealista/news, cada vez más propietarios afectados por una okupación ilegal optan por vías alternativas para recuperar lo antes posible la posesión de sus inmuebles, ya sea a través de la negociación y el pago a los okupas o contratando empresas especializadas en desalojos. 

Conviene recordar que el plazo medio para que haya una sentencia que avale el desahucio está en máximos históricos, con casi 24 meses de media en España, sumando la primera instancia y los posibles recursos de apelación en las Audiencias Provinciales. De ahi que en muchas ocasiones se busquen caminos alternativos para recuperar las propiedades en el plazo temporal más breve posible. 

2023. Duración media de los procedimientos judiciales por ocupación ilegal de viviendas en España

Plazo, en meses2013201420152016201720182019202020212022202303691215Apelaciones de sentencias dejuicios verbales (Audiencias Provinciales)2019 ene 17,3Apelaciones de sentencias de juicios verbales (Audiencias Provinciales)2019 ene 17,3

Apelaciones de sentencias de juicios verbales (Audiencias Provinciales)

11,2

Verbales posesorios (Primera Instancia)

12

Fuente: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)Descargar los datosCreado con Datawrapper

Por otro lado, despachos de abogados, plataformas de afectados y empesas de desokupas confirman a este medio que actualmente el epicentro del problema está en las bautizadas inquiokupaciones, que son aquellos casos en los que se produce un impago premeditado y voluntario de la renta; y que no están reflejados en las estadísticas. 

Entre las medidas que proponen para abordar el creciente problema de la okupación de viviendas está la necesidad de aumentar la oferta de vivienda pública y social a precios asequibles para realojar a quienes ocupan ilegalmente, así como evitar una regulación excesiva del mercado de alquiler y reforzar la seguridad jurídica. 

Los expertos en derecho también mencionan la importancia de acortar los plazos de los procedimientos judiciales relacionados con desahucios y brindar ayudas a propietarios que enfrenten impagos, creando así un entorno más seguro y atractivo para arrendar.

Otra de sus propuestas es modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para hacer obligatorio el registro de los contratos de alquiler, lo que ayudaría a prevenir fraudes y facilitar la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al actuar contra la okupación. A ello se une la necesidad de dotar a la Administración de Justicia de más recursos para gestionar estos procedimientos de manera más eficaz.

Aprobados los juicios exprés contra algunas okupaciones

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la normativa que incluye los juicios exprés contra algunos casos de okupación de viviendas.

El Pleno de la Cámara Baja ratificó el pasado 19 de diciembre, con 177 votos a favor y 170 en contra, el texto del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La iniciativa fue vetada por el Senado, pero tras haber recibido el voto favorable por mayoría absoluta en el Congreso, queda levantado el veto y la norma queda lista para su entrada en vigor, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta normativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre y continuó su procedimiento parlamentario con la llegada al Senado. Pero la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, vetó el texto, lo que provocó que volviera de nuevo al Congreso. 

Entre las medidas incluidas en esta ley destaca la agilización de los juicios para casos de okupación ilegal de vivienda, ya que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. 

Con la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los casos de ocupación ilegal se suman a la lista de delitos menos graves susceptibles de ser procesados por la vía rápida, que hasta ahora incluía delitos como hurtos y robos. 

La medida ha sido celebrada en algunos sectores como un avance en la lucha contra la okupación, pero no sin cierta reserva. Y es que no se incluye la inquiokupación; esto es, los casos en los que el inquilino deja de pagar la renta de forma premeditada, y cuya intención desde el inicio es no pagar nada más y aprovecharse de la lentitud de la acción de la justicia para seguir okupando las viviendas el máximo tiempo posible. Estos casos se están generalizando en España y son el foco del problema, según los expertos jurídicos.

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