MIRA LA RESEÑA DE LA PELÍCULA DEL PRÓXIMO EPISODIO
Luz verde definitiva al fin de las ‘golden visa’ y los juicios exprés contra algunas okupaciones
El Congreso ha ratificado la ley orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia, donde ambas medidas están incluidas, y que había sido vetada en el Senado. Entrará en vigor tras publicarse en el BOE
GTRES
19 Diciembre 2024, 15:59
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la normativa que incluye el fin definitivo de las ‘golden visa’ y los juicios exprés contra algunos casos de okupación de viviendas.
El Pleno de la Cámara Baja ha ratificado este 19 de diciembre, con 177 votos a favor y 170 en contra, el texto del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La iniciativa fue vetada por el Senado, pero tras haber recibido el voto favorable por mayoría absoluta en el Congreso, queda levantado el veto y la norma queda lista para su entrada en vigor, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta normativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre y continuó su procedimiento parlamentario con la llegada al Senado. Pero la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, vetó el texto, lo que provocó que volviera de nuevo al Congreso.
Según el informe de la ponencia, la propuesta de veto planteada por el PP que aprobó el Senado esgrimía una “ausencia de correcta técnica normativa” y “de planificación y orden, provocando al tiempo la tramitación de dos proyectos de ley que afectan a las mismas normas, genera no sólo confusión sino caos y un grave ataque a la seguridad jurídica”.
El partido también argumentaba que el ordenamiento español “prevé garantías para los ciudadanos frente a una acción desordenada y abusiva de los poderes del ejecutivo” y recalcaba que “el Parlamento no puede asistir impávido ante todo tipo de tácticas y estratagemas que perjudican a aquéllos a los que representa y dar por buenos meros contenedores asistemáticos de normas que se reforman una y otra vez para evitar incoherencias, omisiones, contradicciones que son propias de la técnica elegida en las iniciativas legislativas”.
Asimismo, añadía que “el proyecto tiene una nueva configuración, estructura y denominación y como tal no ha pasado por los trámites preceptivos” y alertaba de que “el momento en el que coincide en su tramitación con otras reformas sobre las mismas leyes pueden provocar la aprobación casi simultánea de los mismos preceptos con distinto texto, como ya ha ocurrido en otras ocasiones por falta de planificación y coordinación del Gobierno”.
Según el PP, “la mezcla de materias que pretenden una especie de cheque en blanco para forzar la aprobación de lo no querido, incluso rechazado por las fuerzas políticas, por aquello en lo que puede haber coincidencias, aceptando todo aquello sobre lo que es muy difícil alcanzar un cierto consenso, desaconseja que este proyecto siga su tramitación para que el Gobierno haga lo que tuvo que hacer desde el principio y se configuren las distintas leyes de reforma en función de sus objetivos fundamentales […] Es aconsejable que se trabaje de forma separada e independiente en cada uno de los textos legislativos que se pretende modificar, para su posterior tramitación por las Cortes Generales. Y ello fundamenta, entre otros motivos esenciales, la presentación del actual veto”.
El objetivo de la normativa
El texto “trata de afianzar que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas, que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia”, tal y como detalla la exposición de motivos.
También se argumenta la necesidad de “adaptar las estructuras de la Justicia” para “hacer frente a las dificultades en el desenvolvimiento normal de los juzgados y tribunales; para poder superar el enorme reto de ofrecer un servicio público eficiente y justo a la ciudadanía; y, finalmente, para incorporar los valores, de solidaridad y de humanismo entre los que la Justicia es la espina dorsal y el elemento imprescindible de la paz social”.
El proyecto de ley orgánica se estructura en dos títulos. En primer lugar, se contemplan medidas para la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos, así como la agilización de los procesos judiciales y la mejora de su eficacia”.
Por otro lado, el segundo título aborda las medidas en materia de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia y de tutela judicial colectiva de los derechos de los consumidores y usuarios. El texto plantea así “crear un marco normativo adecuado, integrado y concreto para la protección de los consumidores y usuarios”.
Juicios exprés contra determinadas okupaciones
Entre las medidas incluidas en la normativa destaca la agilización de los juicios para casos de okupación ilegal de vivienda, ya que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días.
Con la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los casos de ocupación ilegal se suman a la lista de delitos menos graves susceptibles de ser procesados por la vía rápida, que hasta ahora incluía delitos como hurtos y robos.
La medida ha sido celebrada en algunos sectores como un avance en la lucha contra la okupación, pero no sin cierta reserva. Y es que no se incluye la inquiokupación; esto es, los casos en los que el inquilino deja de pagar la renta de forma premeditada, y cuya intención desde el inicio es no pagar nada más y aprovecharse de la lentitud de la acción de la justicia para seguir okupando las viviendas el máximo tiempo posible. Estos casos se están generalizando en España y son el foco del problema, según los expertos jurídicos.
Fin a las ‘golden visa’
En el caso de las ‘golden visa’, se incluyó una disposición transitoria para suprimir estos visados en el futuro, respetando a aquellos inversores o familiares de inversores que lo soliciten antes de que entre en vigor la norma.
Esta medida se aprobó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, con el objetivo de atraer inversiones inmobiliarias (estos visados se han concedido para inversiones en vivienda de más de 500.000 euros), y su eliminación era la crónica de una muerte anunciada.
Ya en el mes de abril, el presidente el Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el fin de estos visados de residencia, aunque durante meses se estuvo buscando la fórmula para llevar a cabo su supresión. Finalmente ha sido a través de una enmienda a puerta cerrada en esta ley, que fue aprobada en ponencia sin la presencia del de los diputados del PP, que suspendieron su actividad por la tragedia causada por la DANA.
Entre enero y octubre de este año, el número de visados de oro concedidos asciende a 780, con una inversión media de 657.204 euros, mientras que desde 2016 se han expedido cerca de 11.000 visados de estas características, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana(MIVAU). Los expertos inmobiliarios descartan que su eliminación vaya a tener un impacto destacado en el mercado residencial en España.