MIRA LA RESEÑA DE LA PELÍCULA DEL PRÓXIMO EPISODIO

La construcción pide al Gobierno revisar los precios de los contratos de obras públicas

Las principales organizaciones del sector lamentan que la revisión de precios actual tiene “una eficacia limitada y muy desigual” en el equilibrio de los contratos de obras

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Obras en la estación de la Sagrera (Barcelona)Europa Press

Europa Press

16 Diciembre 2024, 11:55

Las principales patronales del sector de la construcción han pedido al Gobierno que mejore el mecanismo excepcional de revisión de precios adoptado con motivo de la pandemia y la guerra en Ucrania, para incluir el precio de la energía y la mano de obra.

Así lo han trasladado de forma conjunta la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Las tres organizaciones lamentan que la revisión de precios actual tiene “una eficacia limitada y muy desigual” en el equilibrio de los contratos de obras, dependiendo de su fecha de adjudicación y de formalización, por lo que “pone en grave riesgo la ejecución de aquellos formalizados antes de 2021”.

En un comunicado, explican que solo el índice de la energía publicado en 2023 registraba un incremento del 49,8% respecto a diciembre de 2020, un dato que contrasta con el límite del revisión del 20% incluido en la normal actual.

“Las empresas contratistas están soportando un incremento real de sus costes que se encuentra entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación, con una compensación máxima limitada al 20%, lo que conlleva un evidente perjuicio financiero para el contratista, que excede del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público”, defienden.

Ya se han identificado casi 40 contratos en esta situación, destacando los corredores de Adif Alta Velocidad de Murcia-Almería, León-Asturias, Madrid-Extremadura y Vitoria-San Sebastián, junto con contratos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de otros órganos de contratación de las administraciones estatal, autonómica y local, cuya ejecución, de mantenerse estas condiciones, creen que sería “financieramente inviable”.