La vivienda invadida: un problema de justicia y derechos

Tan solo en el municipio de Tecámac, Estado de México, 30% de los hogares está en abandono y 10% han sido ocupados de manera ilegal

Por:

** Juan Carlos Hartasánchez Frenk

miércoles 05 de febrero de 2025 – 09:00

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La invasión de viviendas es una amenaza creciente al patrimonio de las familias trabajadoras en México. Afecta, sobre todo, a quienes con esfuerzo han logrado comprar su casa mediante créditos hipotecarios del Infonavit o del Fovissste, y cuya propiedad representa años de sacrificios.

Este problema no es aislado ni nuevo, pero ha crecido en los últimos años. En municipios como Tecámac, en el Estado de México, donde se han construido miles de viviendas de interés social, se estima que cerca del 30% está en abandono. De estas, aproximadamente 10% han sido invadidas y el problema sigue en aumento.

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El impacto de las invasiones no se limita a los dueños de las viviendas afectadas. Las invasiones degradan comunidades, afectan la plusvalía y desincentivan la inversión en vivienda. También socavan el Estado de derecho, enviando el mensaje de que la propiedad privada es vulnerable y que las autoridades no garantizan su protección.

Las viviendas deshabitadas: un blanco fácil

México tiene un problema estructural de viviendas deshabitadas. De acuerdo con el Estudio de Diagnóstico de Vivienda de México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hay 6.1 millones de casas vacías, equivalentes a 14% del parque habitacional. En estados como Zacatecas, Hidalgo y Michoacán, este porcentaje supera 18 por ciento.

Las viviendas en riesgo de invasión provienen de diversas circunstancias. Muchas de ellas fueron adquiridas a través de créditos hipotecarios, pero quedaron vacías debido a problemas económicos, migración o falta de servicios. Otras carecen de certeza jurídica, ya sea porque no tienen escrituras o porque han sido heredadas sin regularizar. Además, 24.3% de las viviendas en México no tiene escrituras, lo que impide su venta o defensa legal en caso de invasión. También existe gran informalidad en el mercado de renta, donde 46% los alquileres no tienen contrato escrito, dejando tanto a propietarios como a inquilinos en una situación de vulnerabilidad.

Más preocupante aún es que la delincuencia organizada ya no solo invade viviendas en abandono, sino que ha extendido su operación a viviendas que están temporalmente deshabitadas. Casas en venta, en remodelación o cuyos propietarios residen en otra ciudad o país se han convertido en el nuevo objetivo de las invasiones. En estos casos, la ocupación ilegal ocurre de manera rápida, con métodos más sofisticados y los propietarios se enfrentan a procesos judiciales largos y costosos para recuperar su vivienda.

Recuperar una vivienda invadida: un proceso costoso y lento

El costo de recuperar una vivienda invadida es alto. En muchos casos, el propietario debe iniciar un juicio civil que puede tardar años y costear decenas de miles de pesos en abogados y trámites judiciales.

El problema no es solo el proceso legal, sino la respuesta de las autoridades. La policía, en la mayoría de los casos, se niega a intervenir, argumentando que no se identificó el acto de la invasión en flagrancia, es decir, en el momento preciso en que ocurrió. Esto deja al propietario en una situación de total indefensión, obligado a seguir, en el mejor de los casos, un camino legal largo y costoso mientras su patrimonio sigue en manos de los invasores.

Si queremos resolver este problema, es urgente revisar los códigos penales y civiles para que las familias puedan recuperar su propiedad de forma más rápida y eficiente. Algunas soluciones podrían incluir:

Crear un proceso expedito de restitución de viviendas invadidas.
Dar facultades claras a la policía para actuar en estos casos.
Establecer sanciones más severas para quienes promueven ocupaciones ilegales.
Si desalojar invasores sigue siendo un proceso de años, la impunidad seguirá creciendo.
La digitalización como herramienta contra las invasiones.

Además de reformas legales, México necesita un sistema más ágil para dar certeza jurídica a la propiedad. Actualmente, la información sobre quién es dueño de qué inmueble no es accesible ni está actualizada en tiempo real.

Aquí es donde la digitalización del Registro Público de la Propiedad puede hacer una diferencia clave. La semana pasada,, el gobierno federal anunció la creación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, con la meta de digitalizar el 80% de los trámites gubernamentales.

En el caso del sector inmobiliario, esto podría permitir validar escrituras y propiedad en línea y en tiempo real, reducir fraudes y prevenir la ocupación ilegal de viviendas y agilizar la compraventa de inmuebles, evitando que muchas casas queden en el limbo.

Si esta ley se implementa con rapidez y se extiende al ámbito de vivienda, podría cerrar la puerta a muchas invasiones antes de que ocurran, o permitir que su recuperación sea más rápida. Un propietario con acceso digital a su documentación podría defender su derecho de forma inmediata, sin largos procesos judiciales.

Conclusión: acciones urgentes para proteger la vivienda

Las invasiones de vivienda no son solo un problema individual, sino un reflejo de un sistema débil en el que la propiedad privada no está protegida. México necesita cambios urgentes para garantizar que las familias puedan recuperar su casa sin años de litigio ni gastos excesivos. Las familias trabajadoras merecen protección sobre su patrimonio. Sin acciones concretas, el mensaje seguirá siendo el mismo: en México, quien invade parece tener más garantías que la familia que pierde su patrimonio.

** El autor es director de asuntos corporativos y política pública en Tuhabi.

Actualmente lidera el equipo de asuntos corporativos y políticas públicas en Tuhabi.

Anteriormente, como Senior Advisor en Albright Stonebridge Group, asesoró a clientes multinacionales en estrategias de inversión y asuntos corporativos. También trabajó en Rêv Worldwide, liderando el desarrollo de negocios en México, y fue consultor para el sector público en México. Economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México y MBA de Harvard Business School.