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Barcelona y otras nueve ciudades europeas exigen medidas para frenar la crisis de vivienda a Bruselas

idealista

Custodio Pareja

20 Diciembre 2024, 6:01

El 19 de diciembre de 2024, los alcaldes de diez ciudades europeas, representando a 13,5 millones de ciudadanos, enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis de vivienda que afecta a sus regiones metropolitanas. El documento, titulado “Carta de los Alcaldes por la Vivienda”, destaca que la situación actual en el mercado inmobiliario está alcanzando niveles críticos, especialmente en las grandes ciudades, donde la escasez de vivienda asequible ha generado una crisis estructural que requiere soluciones urgentes y coordinadas.

En la carta, los alcaldes señalan que la falta de vivienda asequible no solo afecta a los sectores más vulnerables, sino que también está provocando la expulsión de las clases medias de los centros urbanos. Este fenómeno se debe, en gran medida, a la creciente influencia de grandes fondos de inversión internacionales que, según los firmantes, compran propiedades masivamente, encarecen los precios y transforman las ciudades en espacios inaccesibles para sus propios residentes.

Jaume Collboni, en nombre de Barcelona, subraya en el texto que “la vivienda no puede tratarse como un producto de lujo ni como un bien especulativo”, llamando a las instituciones europeas a asumir su responsabilidad en esta problemática. Entre las propuestas concretas, los firmantes abogan por una legislación comunitaria que limite la influencia de los grandes fondos de inversión en el mercado residencial, así como una regulación más estricta del mercado del alquiler para evitar subidas desproporcionadas de los precios.

La misiva también insiste en la necesidad de armonizar las políticas de vivienda entre los Estados miembros, estableciendo estándares comunes que garanticen el derecho a la vivienda como un pilar fundamental del bienestar europeo. Los alcaldes piden a la Comisión Europea que incorpore la vivienda como un eje central en la revisión de sus políticas urbanas y que adopte una perspectiva más audaz en la lucha contra la especulación.

Collboni y el resto de los firmantes recalcan que las ciudades son las principales afectadas por las dinámicas especulativas, pero también son los actores mejor posicionados para implementar soluciones innovadoras y sostenibles. Por ello, hacen un llamamiento a establecer un marco de cooperación más estrecho entre las ciudades y las instituciones europeas.

La carta ha sido dirigida a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, con la esperanza de que estas instituciones prioricen la vivienda en su agenda legislativa y adopten medidas concretas que permitan revertir la crisis habitacional. En un contexto en el que las desigualdades urbanas están aumentando, los alcaldes consideran que la UE tiene una responsabilidad histórica para garantizar que la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos los ciudadanos europeos.

Este movimiento coordinado de grandes ciudades refleja la creciente presión sobre los gobiernos locales para abordar una crisis global que trasciende fronteras. Ahora, la respuesta de las instituciones europeas será determinante para demostrar su compromiso con los derechos sociales y el futuro de las ciudades europeas.

En este contexto, los alcaldes proponen:

• Establecer un diálogo directo y estructurado entre las ciudades y la Comisión Europea, especialmente con el nuevo comisario encargado de vivienda, para aprovechar la experiencia local en el desarrollo y financiamiento de viviendas sociales y asequibles.
• Acelerar y optimizar la asignación de fondos europeos destinados a proyectos de vivienda, garantizando que las ciudades puedan acceder a estos recursos de manera eficiente para abordar simultáneamente la construcción de nuevas viviendas, la lucha contra el sinhogarismo y la mejora de la eficiencia energética del parque habitacional existente.

Los alcaldes concluyen reiterando su disposición a colaborar estrechamente con las instituciones europeas para implementar una agenda urbana integrada que promueva la cohesión social y el bienestar de las comunidades, fortaleciendo así la legitimidad de las instituciones europeas ante sus ciudadanos.