MIRA LA RESEÑA DE LA PELÍCULA DEL PRÓXIMO EPISODIO

Sumar propone condicionar las ayudas públicas a las CCAA a que cumplan la Ley de Vivienda

La formación de Yolanda Díaz pide que el contrato de alquiler sea por defecto indefinido y un IVA del 21% para pisos turísticos

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Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía SocialDiego Radamés – Europa Press

Redacción

16 Septiembre 2024, 15:49

Sumar quiere que el contrato indefinido sea el contrato por defecto para las viviendas en alquiler, como ocurre con los contratos laborales, y que se establezca un régimen sancionador en la Ley de Vivienda para garantizar su cumplimiento.

1. Aplicar las medidas de la Ley de Vivienda: topar los alquileres y prohibir la venta de casas en zonas tensionadas
2. Elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos
3. Ampliación de la oferta de vivienda en alquiler asequible
4. Sumar propone un impuesto a herencias superiores a un millón y aplicar IVA a educación y sanidad privadas
5. Tributación de las grandes empresas
6. De tres a un millón de euros para el impuesto de grandes fortunas

Así lo recoge la formación en un documento que ha presentado con sus prioridades presupuestarias para 2025 y en el que, en materia de vivienda y ante la “inacción” de algunas comunidades para aplicar la Ley de Vivienda, propone condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las CCAA a que utilicen los instrumentos de esta Ley para limitar los precios del alquiler.

Aplicar las medidas de la Ley de Vivienda: topar los alquileres y prohibir la venta de casas en zonas tensionadas

“Hay un problema que es la centralidad, a día de hoy, de la desigualdad. Se llama vivienda. Es el derecho fundamental que no se está protegiendo. El 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento en nuestro país tienen riesgo de acabar en la exclusión social”, ha denunciado la vicepresidenta segunda e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz.

Sumar plantea además mejorar el Índice de Precios de Referencia recogido en la Ley de Vivienda, considerando la mediana de los precios como referencia e incluyendo elementos “objetivables” en los datos de las viviendas para la conformación del índice.

Asimismo, propone topar el precio de las viviendas en alquiler en zonas tensionadas al 30% de la renta de los hogares que alquilan, y prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.

“El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional. Por ello, en la actual situación de emergencia que vive nuestro país la compra de vivienda no puede tener un fin especulativo”, subraya Sumar, que precisa que, para los casos de comunidades autónomas con derecho civil y foral propio, esta medida se ha de tomar respetando sus competencias.

Elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos

Para acabar con los alquileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas, Sumar plantea apoyar mediante recursos “condicionados” a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos y vivienda en general.

Asimismo, pide elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar “drásticamente” su rentabilidad, haciendo que tributen al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas. También en zonas tensionadas, plantea elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación en el IRPF.

La formación aboga además por revisar la fiscalidad de las socimi para fomentar el alquiler permanente; obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa y regular el alquiler de temporada y por habitaciones.

En este sentido, reclama que en la Ley de Arrendamientos Urbanos se extienda a los inquilinos de alquiler de temporada y por habitaciones los derechos que ya reconoce a los inquilinos de larga duración; limitar las deducciones en el IRPF a las rentas por arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda a aquellos casos en que éstas se sitúen por debajo del límite máximo establecido en el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Asimismo, quiere que dicha limitación se amplíe para los beneficios fiscales reconocidos a las socimi por el régimen fiscal especial en el Impuesto sobre Sociedad, y la eliminación inmediata de las Golden Visa.

Sumar apuesta también por reforzar la defensa legal de los inquilinos “frente a los abusos” modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir como causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas, establecer una portabilidad real para las hipotecas entre entidades e introducir una hipoteca a tipo fijo regulada.

Defiende, además, la puesta en marcha de un programa de erradicación de los desahucios por hipotecas de primera vivienda mediante el que el Estado se haría cargo de la vivienda y la hipoteca, incorporando la vivienda al parque público, y la familia continuaría en la misma con un alquiler social relacionado con sus ingresos.

Ampliación de la oferta de vivienda en alquiler asequible

Para solucionar el problema de la vivienda de manera estructural, Sumar plantea destinar el 1% del PIB anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación durante los primeros años correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos procedentes de fondos europeos.

Este fondo tendría como objetivo condicionar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que amplíen de forma efectiva el parque de vivienda en alquiler asequible y se distribuiría en función del volumen de tensión en el acceso a la vivienda, se redistribuirá en el caso de no ser utilizado y estará condicionado al desarrollo de diversas actuaciones.

Sumar quiere además que esta legislatura se construyan 500.000 viviendas de alquiler social de entre 400 y 600 euros en aquellas zonas tensionadas donde la movilización de la vivienda vacía sea insuficiente; y cambiar el objeto social de la Sareb con el fin de emplear preferentemente sus activos en la creación del parque público de vivienda para el alquiler asequible.

Sumar propone un impuesto a herencias superiores a un millón y aplicar IVA a educación y sanidad privadas

También ha propuesto la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias, por encima de un millón de euros, y ha planteado aplicar el IVA a educación y seguros sanitarios privados, así como reducirlo en productos y servicios básicos, como peluquerías, centros veterinarios, pañales y productos sin gluten.

“Es imprescindible avanzar en la justicia fiscal para financiar las políticas públicas”, insiste Sumar en el documento presentado este lunes por Yolanda Díaz, que recoge todas sus medidas de cara a la negociación con el PSOE sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

La reforma fiscal que Sumar plantea pasa por crear, entre otras medidas, un Impuesto a las Grandes Herencias o, alternativamente, incluir en el IRPF las ganancias patrimoniales provenientes de herencias y donaciones, “con el objetivo de evitar la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”.

Este impuesto sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido. Según se desgrana en el documento, el impuesto estatal a las herencias se establecería para las herencias mayores de un millón de euros y se realizaría de forma similar al impuesto a las grandes fortunas.

Dado que la ley de Presupuestos Generales del Estado no puede introducir un nuevo tributo ni modificar el IRPF en este sentido, se propone que este compromiso acompañe la aprobación de los PGE y se desarrolle como una proposición de ley en los próximos 6 meses

Otra de las medidas que se propone, con el objetivo de “mejorar la distribución de la renta y aumentar los ingresos públicos”, es eliminar las exenciones del IVA en la enseñanza privada y del Impuesto a las primas de seguro de los seguros sanitarios privados.

Al mismo tiempo, se propone rebajar del tipo de IVA general al reducido en determinados bienes y servicios de consumo general como son las peluquerías y los centros veterinarios y del tipo reducido al superreducido en los pañales y los productos sin gluten. También Sumar plantea el tipo reducido para los consumos vitales en el IVA de la electricidad y el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Adicionalmente, se plantea también aumentar la tributación de las rentas de capital y se propone crear un nuevo tramo en el IRPF para rentas del trabajo a partir de 150.000 euros, aumentando su progresividad.

Tributación de las grandes empresas

También se plantea elevar la recaudación del impuesto de sociedades procedente de las grandes corporaciones revisando y reduciendo las deducciones; limitando a 4 años la compensación de pérdidas o deducciones no aplicadas; eliminando el régimen de consolidación de grupos empresariales; y suprimiendo el beneficio fiscal de “doble imposición internacional” de dividendos a los beneficios repatriados de países de fuera de la UE.

Por su parte, y pese a la voluntad trasladada por parte del Ministerio de Hacienda de establecer en los Presupuestos de 2025 incentivos relacionados con el impuesto extraordinario a energéticas para inversiones en el sector, desde Sumar plantean que el gravamen se mantenga en su integridad, así como el impuesto a las entidades financieras.

Además, se plantea profundizar en las medidas de prevención del fraude fiscal, con el fin de eliminar los privilegios fiscales de los que aún disfrutan las Sicav, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo accionista y un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas de 4 años. Para las socimis, Sumar plantea reducir la bonificación del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

De tres a un millón de euros para el impuesto de grandes fortunas

Por su parte, se plantea modificar el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, como un impuesto directo, personal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) para que grave el patrimonio neto de las personas físicas que supere 1.000.000 euros (sin perjuicio del mínimo exento de 700.000 euros), inicialmente aplicable solo a los sujetos pasivos por obligación personal en vez de 3.000.000 de euros como actualmente figura.

Además, se plantea modificar el tributo para que, en el cálculo del límite entre las cuotas del IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el propio Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, se tenga en cuenta, la cuota pagada del Impuesto de Patrimonio y no la cuota íntegra.
 

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